México lidera alianza regional contra el contrabando
La salud pública, en el centro de la lucha anticontrabando
Columna INEFAM
- La Ciudad de México fue sede del XI Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC).
- Representantes de 15 países acordaron fortalecer la cooperación regional frente al comercio ilícito, la falsificación y el contrabando
- La industria farmacéutica colocó el riesgo sanitario de los medicamentos falsificados como una prioridad continental.
Enrique Martínez Moreno, director general del Instituto Farmacéutico (INEFAM)
Por estos días, mientras el debate público se concentra en la inseguridad visible (homicidios, extorsiones y robos), una amenaza silenciosa sigue ganando terreno en América Latina: el comercio ilícito. Medicamentos falsos, alcohol adulterado, cigarrillos de contrabando, agroquímicos pirata, ropa y electrónicos subvaluados circulan a gran escala, erosionando la salud pública, las finanzas del Estado y la competitividad de las empresas formales.
Con esa preocupación como telón de fondo, la Ciudad de México fue sede, el 21 y 22 de mayo, del XI Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), una plataforma regional impulsada por la ANDI de Colombia y gremios empresariales de 15 países, que se ha consolidado como el principal foro de coordinación público-privada contra el comercio ilícito en la región.
El mensaje que dejó el encuentro fue contundente: el contrabando y la falsificación ya no son un problema marginal ni exclusivamente fiscal; son un asunto de seguridad nacional, salud pública y desarrollo económico. Y solo una respuesta regional, coordinada y basada en datos podrá contenerlos.
Un diagnóstico incómodo: el crimen ya no opera fuera del sistema
En la inauguración, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y secretaria técnica de ALAC, Mtra. Paola Buendía, puso sobre la mesa cifras que difícilmente pueden ignorarse.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que el lavado de activos procedente de economías criminales equivale entre el 2 y el 5 % del PIB mundial. La OCDE, por su parte, ha documentado cómo el comercio ilícito explota las mismas herramientas del comercio legítimo: zonas francas, redes postales, transporte marítimo y plataformas digitales.
“Los actores criminales no operan al margen del sistema comercial, sino dentro de él, usando las mismas infraestructuras y canales”, advirtió Buendía. Y añadió un dato inquietante: los países con mayor informalidad y trabajo forzado son también los que más exportan falsificaciones. Es decir, el comercio ilícito no solo desplaza a la industria formal, sino que se sostiene sobre la explotación de los trabajadores más vulnerables.
El caso de México, presentado por el economista y director general de UVAX México, Dr. Ernesto Cervera, sirvió como espejo para la región. Según sus estimaciones, en algunos sectores más de la mitad del consumo interno se abastece por vías ilegales. En prendas de vestir, por ejemplo, el 54 % de lo que compran las familias mexicanas no proviene de la producción ni de las importaciones formales.
En medicamentos, entre el 12 y el 15 % del mercado estaría capturado por productos falsificados, robados o de contrabando. A ello se suma un costo de la violencia y la inseguridad que Cervera cifró en alrededor del 20 % del PIB mexicano, considerando el gasto adicional de empresas y familias en seguridad privada, seguros, blindajes y pérdidas de inversión.
“La informalidad es el combustible del contrabando”, resumió, al describir un país donde más de la mitad de la fuerza laboral se mueve fuera de la formalidad y, por tanto, fuera del radar fiscal y regulatorio.
De la queja a la acción: compromisos regionales y sectoriales
Más allá del diagnóstico, el encuentro —organizado por la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos (Canifarma) como gremio anfitrión— se distinguió por el tono práctico de sus discusiones.
A lo largo de dos días se combinaron conferencias, paneles regionales y diez mesas sectoriales: cigarrillos, licores, textil y calzado, farmacéutica, alimentos, cosméticos, llantas, agroquímicos, telecomunicaciones y productos de aseo.
La mesa sectorial farmacéutica, una de las más concurridas con más de 60 participantes, centró sus trabajos en las implicaciones para la salud pública. La Organización Mundial de la Salud estima que al menos uno de cada diez medicamentos en países en desarrollo es falsificado.
“Este delito se comete contra gente que está enferma, que la está pasando mal. Les estamos dando un medicamento falsificado y los mandamos a una guerra con un fusil de plástico”, expresó Gerardo Corchado, director de Seguridad de GABAME y veterano de 20 años en el combate a la falsificación farmacéutica.
“Si queremos combatir este fenómeno, no solo debemos fortalecer la vigilancia y la ley, sino trabajar en mejorar el acceso, disponibilidad y asequibilidad de tratamientos para los pacientes”, señaló por su parte el Ing. Guy Jean Savoir, presidente de Canifarma.
Las mesas concluyeron con compromisos concretos.
- Fortalecer instituciones y cooperación entre países. Se propuso la creación de centros regionales de coordinación contra el comercio ilícito, inspirados en experiencias como el National IPR Center de Estados Unidos y el centro integrado colombiano (CIPPA). También se acordó avanzar en repositorios regionales de información alojados en la propia ALAC.
- Poner la salud pública en el centro de la agenda. La mesa farmacéutica, en la que participaron Cofepris (México), Invima (Colombia), Digemid (Perú) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria de El Salvador, entre otros organismos, acordó fortalecer la coordinación entre agencias sanitarias y aduaneras, crear bancos de información regionales y desarrollar campañas de prevención para pacientes y profesionales de la salud.
Asimismo, se impulsará la adhesión de más países latinoamericanos al Convenio MEDICRIME del Consejo de Europa, el primer tratado penal internacional específico contra la falsificación de productos médicos.
- Revisar políticas que, sin querer, alimentan el mercado ilegal. Diversos paneles analizaron cómo ciertos esquemas regulatorios o fiscales pueden incentivar el crecimiento del mercado ilícito cuando no se acompañan de mecanismos efectivos de control.
No podemos esperar que el gobierno lo resuelva solo
La Mtra. Buendía enfatizó que la corresponsabilidad es el principio rector de la alianza.
“No venimos a hablar de diagnósticos ni cifras, sino a construir propuestas concretas. El comercio ilícito no solo desplaza a la industria formal; su propia cadena de producción está construida sobre el abuso a los trabajadores más vulnerables”, afirmó.
Por su parte, el Dr. Noé Geovanni García, superintendente de Regulación Sanitaria de El Salvador, compartió la experiencia de su país en simplificación de trámites.
“Regular no es obstaculizar. Si yo simplifico el trámite y mejoro tiempos de respuesta, hago atractivo ser formal. Si no te regularizas después de eso, entonces sí tomamos las medidas que correspondan”, explicó.
Tecnología: del discurso a las herramientas concretas
Uno de los momentos más llamativos del encuentro fue la presentación de soluciones tecnológicas ya operativas en la región.
La empresa SIGNA reportó haber contribuido a la eliminación de 40 millones de dólares en productos ilícitos durante el último año a través de una plataforma que rastrea en tiempo real marketplaces, redes sociales y sitios web para identificar ofertas ilegales y generar evidencia para las autoridades.
Apirasol presentó sistemas de inteligencia aplicados a cadenas de suministro capaces de detectar patrones de riesgo, triangulaciones y operadores reincidentes.
Por su parte, CertiBlock mostró una solución basada en blockchain que permite a los consumidores verificar la autenticidad de medicamentos, bebidas y cosméticos mediante etiquetas inteligentes y códigos únicos.
La conclusión fue clara: el crimen organizado ya utiliza tecnología de punta, por lo que gobiernos y empresas deben modernizar sus herramientas de vigilancia, inteligencia y trazabilidad.
México, anfitrión y espejo
Como país sede, México jugó un doble papel: anfitrión y caso de estudio.
La participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Agencia Nacional de Aduanas, Cofepris y Canifarma permitió mostrar avances y desafíos. Entre ellos destacaron la plataforma “Vigilante”, un chatbot para reportar medicamentos irregulares, y acuerdos con plataformas digitales para retirar publicaciones de productos farmacéuticos ilegales.
Al mismo tiempo, se reconocieron retos persistentes como la porosidad de las fronteras, la rotación constante de funcionarios y la necesidad de fortalecer capacidades especializadas.
“Ningún país puede combatir solo a redes criminales que operan sin fronteras”, resumió la Lic. Patricia Chávez Obregón, directora general de Investigación Cibernética de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Un mensaje político: la legalidad como condición del desarrollo
Más allá de los acuerdos técnicos, el XI Encuentro de ALAC dejó un mensaje político de fondo: en una región con altos niveles de desigualdad, informalidad y desconfianza institucional, defender la legalidad no es un capricho burocrático, sino una condición para el desarrollo.
Cada producto ilegal que cruza una frontera sin control representa un riesgo para la salud, un empleo formal que se pierde, un impuesto que no se recauda y un recurso adicional para organizaciones criminales que diversifican sus actividades.
El reto, coincidieron varios participantes, consiste en que la ciudadanía comprenda esa conexión. Mientras el consumidor vea en el producto ilícito únicamente una ganga y no un eslabón de una cadena criminal, el problema seguirá creciendo.
La Ciudad de México despidió a los delegados con una agenda ambiciosa: centros regionales de coordinación, bancos compartidos de información, adhesión a tratados internacionales, nuevas tecnologías de autenticación y campañas masivas de sensibilización.
No son tareas menores ni de corto plazo. Pero si algo dejó claro este XI Encuentro de la ALAC es que, frente a economías criminales cada vez más sofisticadas, la inacción ya no es una opción. La región ha decidido pasar de la queja a la acción coordinada. El verdadero examen vendrá cuando esos compromisos logren traducirse en menos productos ilícitos en las calles, más recursos para los Estados y, sobre todo, más vidas protegidas.
